Chihuahua, a 25 de junio.- El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, manifestó su respaldo a la iniciativa federal que busca dotar de mayores facultades de investigación a la Guardia Nacional, al considerar que estas medidas podrían fortalecer la labor del Ministerio Público en la procuración de justicia.
En entrevista, el funcionario explicó que la intención de la reforma no implica una usurpación de funciones por parte del cuerpo castrense, sino una colaboración jurídica más efectiva. “No quiere decir que le quitan al Ministerio Público la facultad de ir a tribunales, sino que las actuaciones que realice la Guardia Nacional de investigación podrán formar legalmente parte de los expedientes que el Ministerio Público lleve a los tribunales, y yo creo que eso viene también a fortalecer la actividad de quienes procuramos justicia”, afirmó.
La propuesta, presentada por el Gobierno Federal como parte de una serie de reformas en materia de seguridad, ha causado controversia al contemplar también la posibilidad de que elementos de la Guardia Nacional puedan postularse a cargos de elección popular, algo que, según Jáuregui, no debería escandalizar a nadie.
“Quien quiera ser, que sea”, dijo con tono relajado y un dejo de ironía, al ser cuestionado sobre esta disposición. “Yo creo que en ese sentido no pasa nada. El restringir derechos políticos a los ciudadanos, cualquiera que estos sean, nunca ha sido benéfico para ninguna democracia”, sostuvo.
No obstante, advirtió que sí debe establecerse con claridad la separación entre funciones operativas y aspiraciones políticas. “Lo que se exige es la solicitud de licencia. Pues no van a poder ser policías y candidatos al mismo tiempo. Tendrán que solicitar una licencia y yo, la norma que vi, establecía en qué caso se puede solicitar una licencia. Pero si se establece esa posibilidad, bienvenidos quienes quieran participar. A ver cómo les va”, concluyó con jocosidad.
El posicionamiento del fiscal se da en un contexto de amplio debate nacional sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y su progresiva participación en asuntos civiles, tema que ha sido señalado por organismos de derechos humanos y expertos como un riesgo para la democracia y el equilibrio institucional.